Dinamizar la federación, incrementar su presencia pública y mejorar los servicios que ofrece a sus asociados son algunos de los retos que se ha marcado Gómez López como presidente de la Federación Española de Distribuidores para la Protección Vegetal. La formación y la seguridad en el uso de los productos fitosanitarios son, en opinión de Gómez López, otros de los temas claves para el sector.

El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria de la Región de Murcia, Ángel García Lidón, ha afirmado que la Consejería de Agricultura y Agua "continuará trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas fitosanitarios del cultivo del tomate en la Región, pese a la retirada unilateral de las ayudas para esta campaña por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino".

El sector del arroz del sindicato agrario La Unió ha detectado este año un exceso de "pyricularia" en los arrozales de la Comunitat Valenciana, una enfermedad conocida popularmete como el "fallat de l'arròs", que este año puede suponer más daños para la planta del arroz que en años anteriores, con lo cual puede haber una merma notable en la producción del cereal, tal y como especificaron desde el sindicato.

La Mesa de Trabajo del Estado Fitosanitario del Palmeral, en la que están representados investigadores, técnicos, cultivadores y viveristas, junto al Ayuntamiento y la Generalitat, para intercambiar todo tipo de datos e información, se reunió el pasado viernes por segunda vez, desde que se creara en julio. El edil de Vía Pública, Manuel Rodríguez, explicaba ayer que uno de los primeros pasos que se ha dado ha sido el de abrir el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales de la Comunidad Valenciana a particulares con más de 40 palmeras para que puedan optar a las ayudas autonómicas para luchar contra el picudo.

La Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía ha expedido un total de 128.456 carnés para la utilización de productos fitosanitarios en los últimos diez años, es decir, desde que entró en funcionamiento la normativa sobre la obligatoriedad de acreditar que el personal de las empresas y entidades dedicadas al almacenamiento, venta o aplicación de productos fitosanitarios y agricultores que realizan tratamientos en su explotación están capacitados para la utilización de este tipo de productos, según ha informado en una nota la Administración.